¿Qué dice la acusación contra Rubén Rocha Moya?

En un documento judicial de 34 páginas (que puedes encontrar aquí en su versión en inglés) que expone con crudeza cómo la corrupción puede convertirse en un socio silencioso de la muerte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa—con licencia— y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Los acusan de integrar una conspiración para importar a Estados Unidos cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en complicidad con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El fiscal federal Damian Williams y el gran jurado describen un esquema que va mucho más allá de la simple protección. Según la acusación, Rocha Moya y sus coacusados —entre ellos senadores, secretarios de gabinete, fiscales, jefes de policía y comandantes municipales— vendieron su autoridad a cambio de “millones de dólares en dinero del narcotráfico”. A cambio, blindaron a los líderes del cártel, filtraron información sensible de operativos antidrogas, ordenaron a policías estatales y municipales proteger cargamentos y permitieron que la violencia quedara impune.

El texto judicial no ahorra detalles humanos. Rocha Moya, quien asumió como gobernador en noviembre de 2021, habría asistido a reuniones con los líderes de los Chapitos —Iván Archivaldo Guzmán Salazar (“Iván”), Jesús Alfredo Guzmán Salazar (“Alfredo”) y Ovidio Guzmán López (“Ratón”)— custodiadas por sicarios armados con metralletas. En esas citas, según la acusación, el gobernador prometió impunidad total. A cambio, los Chapitos ordenaron robar boletas electorales y secuestrar e intimidar a candidatos opositores para garantizar su victoria en 2021.

¿Quiénes son los acusados?

El documento nombra uno por uno a los demás acusados y detalla sus roles con frialdad quirúrgica:

• Enrique Inzunza Cazarez, actual senador por Sinaloa y exsecretario general del estado, actuaba como enlace directo entre los Chapitos y Rocha Moya.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, entregó a los narcos los nombres y domicilios de los rivales electorales de Rocha Moya para forzar su retiro.
• Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de Justicia de Sinaloa, recibía sobornos mensuales y advertía al cártel de operativos estadounidenses para que destruyeran laboratorios de fentanilo.
• Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), sucesivos jefes de la Policía Ministerial, emitían órdenes de aprehensión contra enemigos del cártel y liberaban a sus miembros detenidos.
• Gerardo Merida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, avisaba de redadas para que los Chapitos movieran droga y equipo.
• José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), exsubdirector de la Policía Estatal, colocaba oficiales leales al cártel dentro de la corporación.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), alto comandante de la Policía Municipal, usaban la fuerza pública para secuestrar, torturar y asesinar a informantes de la DEA.

El caso ilustra cómo el fentanilo —un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína— se ha convertido en el producto estrella del cártel. Sólo dos miligramos pueden matar a una persona. La acusación recuerda que la mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos se produce hoy en México con precursores chinos, y que el Cártel de Sinaloa domina esa cadena desde Sinaloa hasta los puntos de entrada en Sonora y Baja California.

Para dar dimensión a la tragedia, el documento incluye ejemplos concretos de decomisos: 41.2 kilos de fentanilo en polvo y 630.000 pastillas en una casa de Phoenix en 2022; más de 2.200 libras de metanfetamina y 53 libras de fentanilo en California en 2023; y decenas de miles de pastillas en 2025. Muchos paquetes llevaban los sellos “Chapiza” y “Raton”, marcas registradas de la facción.

La acusación no se limita a la droga. Describe cómo los sicarios del cártel, armados con bazucas, granadas y rifles de asalto, operaban con total libertad gracias a la complicidad oficial. Y cómo esa alianza ha costado miles de vidas tanto en México como en Estados Unidos.

Este caso llega en un momento especialmente sensible: varios líderes del cártel, incluido Ovidio Guzmán, ya están en cárceles estadounidenses y la guerra entre facciones rivales ha intensificado la violencia en Sinaloa. La Fiscalía estadounidense subraya que los acusados no solo miraron hacia otro lado: fueron actores activos en la maquinaria de muerte y corrupción.

Hasta ahora, ninguno de los acusados ha comparecido ante un juez federal de Nueva York. La acusación es solo eso: una acusación. En el sistema judicial estadounidense, todos los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que un jurado determine lo contrario. Sin embargo, el documento judicial deja una pregunta incómoda flotando: ¿cómo es posible que un gobernador, un senador, fiscales y jefes de policía hayan podido, durante años, convertir una institución pública en escudo de uno de los cárteles más letales del planeta? Mientras los jueces resuelven esa respuesta, familias enteras en ambos lados de la frontera siguen enterrando a sus seres queridos por una sustancia que, según esta acusación, viajó protegida por quienes juraron defender a la sociedad.

La redacción