El Órgano de Administración Judicial asegura que evaluación del desempeño no pone en riesgo empleos en el PJF

Ciudad de México — Ante el paro nacional y las diversas protestas realizadas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en distintos estados del país, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado oficial este viernes para aclarar que la recién anunciada evaluación de desempeño no pone en riesgo la permanencia ni la plaza de ningún trabajador.

Carácter diagnóstico y sin consecuencias punitivas inmediatas

El OAJ detalló que la aplicación de los exámenes programados para diciembre de 2026 está fundamentada en el artículo 100 de la Constitución, así como en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. No obstante, enfatizó que —de acuerdo con los artículos transitorios Cuarto y Quinto del acuerdo general— esta primera evaluación será estrictamente diagnóstica.

Esto significa que:

• No implicará aprobación ni reprobación.
• Sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial.
• Su propósito principal es detectar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Las evaluaciones ordinarias con efectos legales se realizarán una vez concluidas dichas acciones formativas.

Respuesta al paro y llamados al diálogo

Trabajadores sindicalizados y de base iniciaron un paro de labores y bloqueos en diversas sedes judiciales del país (incluyendo la Ciudad de México, Toluca, Nuevo León, entre otros estados) en rechazo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los inconformes acusan que el esquema de evaluación carece de objetividad y temen que sea un mecanismo arbitrario que vulnere la estabilidad laboral.

Frente a estas movilizaciones, el OAJ reconoció y respetó la libertad sindical y el derecho de la base trabajadora a expresar sus inconformidades. Sin embargo, reiteró que la evaluación es un mandato legal enfocado en la profesionalización y descartó tajantemente que se utilice para justificar despidos.

Finalmente, el Órgano de Administración Judicial reiteró su disposición al diálogo para encauzar el mandato constitucional de la evaluación y dotar al personal de las herramientas necesarias que optimicen sus labores en beneficio de la justicia.