SCJN valida el plazo de 60 días para desconocer la paternidad y prioriza la estabilidad de la niñez sobre la verdad biológica

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.— El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que el artículo 326 del Código Civil del Estado de Chiapas es constitucional, cuya norma establece un plazo de 60 días para que quien figura legalmente como padre ejerza la acción de desconocimiento de paternidad: a partir del nacimiento si estuvo presente, desde su llegada si se encontraba ausente, o desde que descubrió que se le ocultó el nacimiento. Lo anterior, al resolver el Amparo Directo en Revisión 5065/2025 cuyo proyecto de sentencia puedes encontrar aquí.

La decisión, tomada el 3 de noviembre en el amparo, protege la certeza de la filiación y evita que las relaciones familiares de niñas y niños queden indefinidamente sujetas a impugnación, por lo que el Pleno abandonó el criterio aislado que la extinta Primera Sala había sostenido en 2022 en un asunto similar.

El caso se originó en Villaflores, Chiapas. Un hombre de 68 años —médico cirujano— y una mujer de 26 mantuvieron una relación de concubinato de aproximadamente diez años. El 13 de septiembre de 2018 nació un niño dentro de esa relación; cuatro días después ambos lo registraron como su hijo. Años más tarde, el hombre, ante rumores de infidelidad, practicó una prueba genética privada. Por su parte, el 23 de octubre de 2020 recibió el resultado: no existía vínculo biológico. Es por lo que en aril de 2021, cuando el niño tenía casi tres años, demandó el desconocimiento de paternidad, la nulidad del acta de nacimiento y el cese de derechos alimentarios y hereditarios.

Inconforme, la madre, en representación del menor, opuso la caducidad para hacerlo, es decir, el plazo de 60 días había transcurrido desde el nacimiento. Y después de un recorrido procesal que incluyó sentencias de primera instancia, apelación y dos juicios de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito concedió la protección constitucional a la madre y al niño. No obstante, el hombre recurrió ante la Suprema Corte, argumentando que una interpretación “evolutiva” debía permitirle ejercer la acción a partir del momento en que conoció el resultado del ADN, para no vulnerar su acceso a la justicia.

El Pleno, con ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, desestimó esos agravios. La Corte explicó que el plazo no es un obstáculo arbitrario, sino una medida orientada a proteger la estabilidad de las relaciones familiares. También, que de ese vínculo derivan no sólo alimentos y derechos hereditarios, sino también relaciones de cuidado, convivencia y pertenencia que contribuyen a construir la identidad del niño. Permitir que el plazo comience cuando el adulto decide investigar sus dudas —o cuando obtiene una prueba genética— dejaría a la niña o el niño en incertidumbre durante un tiempo indeterminado.

El derecho a la identidad, subrayó el Tribunal, no se agota en la correspondencia genética. Comprende también la realidad familiar y social en la que se desarrolla el menor y los vínculos que ya existen. La ausencia de un lazo biológico no impone, por sí misma, desplazar una filiación fuera de los plazos legales. Es por lo que en las acciones de desconocimiento de paternidad promovidas por el presunto padre, el principio de verdad biológica no resulta plenamente aplicable: su efecto es destruir el vínculo filial ya establecido, no esclarecer el origen en beneficio del niño.

La sentencia también abordó el argumento del engaño o del uso abusivo de la presunción de paternidad. El Pleno señaló que estas controversias deben analizarse con perspectiva de género y sin trasladar automáticamente a la persona menor de edad las consecuencias de los conflictos entre los adultos. El niño no intervino en las decisiones de la pareja; sus derechos a la identidad y a la estabilidad familiar deben examinarse de manera autónoma.

Con esta resolución, la nueva integración del Pleno se aparta del precedente de 2022, que había admitido una interpretación más flexible del plazo. El criterio ahora es claro: la certeza de la filiación y el interés superior de la niñez prevalecen sobre la posibilidad de que un adulto impugne, años después y a partir de una prueba genética, la paternidad legalmente establecida cuando estuvo presente en el nacimiento.