En los últimos días el Valle de Juárez se ha puesto otra vez sobre la palestra pública por el tema del transporte. Y es que a pesar de haberse reanudado ese servicio público a través de una empresa concesionaria, llegó una nueva interrupción por el aumento a la tarifa sin el consentimiento de la Subsecretaría de Transporte del Estado de Chihuahua.
Según los dichos de la empresa transportista, las tarifas actuales eran insuficientes para satisfacer la demanda de los traslados de decenas de habitantes que tienen que buscar sustento en Ciudad Juárez y por eso se dio el aumento. Una operación matemática de supervivencia, pues. Por su parte, la autoridad en materia de transporte optó por la suspensión de las concesiones y la reprimenda pública por la violación a la ley.
Esta es disputa por de más añeja donde es el usuario el que queda inerme entre ambas posturas, pero sin que se llegue a un arreglo. Solución que nos parece sencilla, si se lee la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su reglamento, de donde se desprende que quien tiene la obligación originaria de brindar el servicio del transporte público es el gobierno del estado de Chihuahua, con independencia de si lo haga por sí o a través de concesiones, permisos y autorizaciones.
El problema, es que al igual que otros servicios públicos, el gobierno de Chihuahua no cuenta en parte con los recursos para brindarlos con calidad y, por otra, concentra los pocos que tiene en publicidad y propaganda en favor del partido político en turno que esté en el poder, pero camuflado bajo el derecho fundamental de acceso a la información.
Que el gobierno del estado de Chihuahua no cuente con suficientes recursos públicos se debe a la subordinación económica que todos los estados mexicanos sufren ante la Federación por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sistema que inhibe la creación de contribuciones que constitucionalmente deberían de ser su competencia, como el Impuesto Sobre la Renta y de Valor Agregado, por mencionar las que mayor recaudación implican.
A su vez, que de los pocos recursos que llega a recaudar y a obtener por medio de las participaciones federales se dilapiden en propaganda, se debe a la falsa vocación política de familias y personajes que no saben vivir fuera del erario público. Por ello, es que se utilizan muchos recursos públicos en la difusión de programas de gobierno, logros e iniciativas, más por un acto propagandístico que porque les interese realmente que la ciudadanía esté al tanto de qué hace el gobierno del estado de Chihuahua.
Ante este funesto panorama, cuando surgen quejas en contra de los servicios públicos, el gobierno del estado pone en la picota a concesionarios y empresarios que, dependiendo del grado de confrontación, sube el tono para tratarlos de egoístas; pero sin explicar que son las propias leyes las que en su caso lo obligan al ser el responsable directo de los servicios públicos, pudiendo administrarlos y operarlos sin intervención de particulares.
El servicio público de transporte no es la excepción, ya que con toda claridad el artículo 5 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua1 señala que ese servicio le corresponde originariamente al Poder Ejecutivo del Estado pero puede prestarlo de manera indirecta a través de particulares bajo concesiones o permisos.
Entonces, que el gobierno del estado de Chihuahua culpe a la avaricia o negligencia de un particular por la deficiente prestación del servicio público de transporte, es desviar su culpa hacia terceros que no tienen esa obligación originaria, para que la carga de las frustraciones de los usuarios se concentre en empresarios y no en el propio gobierno.
En todo caso, existen servicios públicos de tal entidad que aun y cuando son operados por particulares, existe un impulso económico por parte del gobierno dados los beneficios sociales que no se perciben en un estado financiero a corto plazo.
Para nosotros, el hecho de conectar y que por ende, puedan al fin desarrollarse municipios como Práxedis Guerrero y Guadalupe Bravos, con Ciudad Juárez; junto con los municipios de Ascensión y Ahumada, vale más una pérdida económica inmediata por parte del gobierno del estado, que los beneficios a futuro.
Sólo una región robusta podría detonar un desarrollo económico despresurizado en Ciudad Juárez, quien lleva décadas con descontrol urbano sencillamente porque las empresas y personas situadas en la frontera, no cuentan con otros municipios y espacios cercanos para asentarse.
Un primer paso para esa distribución sería sin duda, zanjar el problema del transporte público y que el gobierno de Chihuahua asuma su responsabilidad como el obligado en la materia.
- Artículo 5.- La prestación del servicio de Transporte Público corresponde originalmente al Poder Ejecutivo
del Estado, quien lo podrá prestar de manera directa o indirecta por medio de personas físicas o morales,
constituidas con sujeción a las leyes del país, mediante la figura de Concesión o permiso, procurando el
beneficio de la sociedad. ↩︎
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