Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.— El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del 2026 el Acuerdo General que regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. El documento, aprobado el 28 de octubre, establece un sistema anual de valoración para miles de secretarios, actuarios, oficiales judiciales y personal de apoyo con consecuencias que, a partir de 2027, podrían afectar la permanencia en el cargo.

El acuerdo se presenta como una herramienta para profesionalizar la carrera judicial, identificar necesidades de capacitación y reconocer el buen desempeño, en línea con la reforma constitucional de 2024. Sin embargo, su publicación ha desatado protestas y un paro de labores en al menos 17 estados, con trabajadores que advierten riesgos para su estabilidad laboral, antigüedad y condiciones de trabajo.

¿Qué dice el acuerdo?

La evaluación aplica a las categorías III a XI de la carrera judicial (secretarios proyectistas e instructores, secretarios de tribunales y juzgados, asistentes, actuarios y oficiales judiciales, entre otros). No incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral. Se basa en principios de objetividad, imparcialidad y transparencia, y combina un examen de competencias profesionales, registros de capacitación y valoraciones de rendimiento.

El peso de la calificación es el siguiente: el 60 % corresponde a conocimientos (40 % del examen de competencias y 20 % de la participación en cursos de la Escuela Nacional de Formación Judicial). El 40 % restante evalúa el rendimiento, mediante cuestionarios a titulares o administradores, reportes de productividad, trabajo en equipo, ética, calidad del servicio y comportamiento profesional. Los niveles van de “sobresaliente” (90-100 puntos) a “insuficiente” (0-59).

En las evaluaciones ordinarias futuras, un resultado sobresaliente o satisfactorio (80-100) dará una constancia de permanencia por dos años. Un resultado regular o suficiente (60-79) dará constancia por un año y obligará a acciones de fortalecimiento. Quien no alcance el estándar podrá solicitar, una sola vez, un examen extraordinario si el problema fue el examen de conocimientos o interponer un recurso de revisión. Si no supera estas instancias, el expediente puede llegar al Pleno del Órgano de Administración Judicial y activar causas de separación previstas en la Ley de Carrera Judicial.

El año 2026: el diagnóstico

Los artículos transitorios Cuarto y Quinto aclaran que la evaluación de 2026 es únicamente diagnóstica. No cuenta como periodo ordinario, no genera aprobación o reprobación y no tiene efectos sobre la permanencia o separación de nadie. Su propósito es detectar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar capacitaciones. La participación es obligatoria, al igual que los cursos que se aprueben después.

El calendario es ajustado: los temarios se publicarán el 17 y 18 de noviembre y los exámenes se aplicarán en diciembre (secretarios el 4, actuarios el 8, oficiales judiciales el 14 y 15) Los resultados se analizarán entre enero y marzo de 2027. La primera evaluación con consecuencias reales será la ordinaria siguiente, una vez concluidas las acciones de capacitación.

Los riesgos que percibe la base trabajadora

Aunque el OAJ insiste en que diciembre no implica despidos, el acuerdo completa el marco normativo que, a partir del año siguiente, vincula la calificación con la continuidad en el puesto. Trabajadores y organizaciones como la JUFED señalan varios puntos de preocupación:

• Una parte importante de la calificación (el rendimiento) depende de cuestionarios y reportes de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Tras la elección popular de jueces y magistrados, muchos trabajadores temen que estas valoraciones puedan volverse subjetivas o usarse para presionar a personal “incómodo”.
• La antigüedad y la experiencia previa no tienen un peso claro y protector. Personas con 20 o más años de servicio expresan el miedo de que un resultado insuficiente ponga en riesgo plazas que obtuvieron por concurso.
• El tiempo de preparación es corto: del temario a los exámenes hay apenas dos semanas.
• Existe el riesgo de que el sistema se perciba como un mecanismo de depuración o de apertura de plazas para nuevos perfiles, especialmente en secretarías, actuarías y oficialías.
• La carga adicional de exámenes, cuestionarios y posibles cursos puede afectar el trabajo cotidiano y generar estrés en un entorno ya tensionado por la reforma judicial.

El propio acuerdo contempla que la deshonestidad académica (suplantación, copia, filtración de preguntas) implica “no alcanzado” sin derecho a extraordinario y vista al Pleno, lo que refuerza la percepción de un proceso de alto impacto.

El OAJ ha reiterado, en comunicados y redes, que la fase de 2026 es solo diagnóstica, no provocará despidos y busca mejorar la capacitación. También llama al diálogo. Sin embargo, la reacción inmediata de la base trabajadora muestra que el anuncio del esquema completo ha generado desconfianza sobre la estabilidad a mediano plazo.

Este acuerdo forma parte de la reorganización del Poder Judicial tras la reforma de 2024. Para el personal de carrera —quienes redactan proyectos, notifican, dan fe y sostienen el funcionamiento diario de juzgados y tribunales— el mensaje central es doble: este diciembre no se decide quién se queda, pero a partir de 2027 la permanencia dependerá, en parte, de superar estas evaluaciones. El debate que se abre es si el sistema logrará ser realmente objetivo y protector de derechos laborales, o si terminará convirtiéndose en una herramienta de incertidumbre para quienes sostienen la operación cotidiana de la justicia federal.